Tecnología y control democrático

Otra de las buenas razones por las que la educación tecnológica debe impartirse en la enseñanza obligatoria es de orden político: se trata de la garantizar calidad de nuestro sistema democrático. Algunas decisiones políticas importantes, que afectan a la ca­lidad de vida de mu­chas personas, están vertebradas en torno a razones técnicas. La polí­tica energética, la red de trans­portes, el plan hidrológico, la re­cogida y el tra­tamien­to de residuos, la reduc­ción de las emisiones de CO2, son algunos ejemplos de este tipo de deci­sio­nes.

Normal­men­te, los pode­res públicos no hacen explí­citas las razo­nes objetivas de esas decisiones, argu­men­tando que están avala­das por en­jun­diosas y abu­rridas “razones técnicas”, sin entrar en el detalle y reclamando, en cambio, la con­fianza de los administrados en el buen juicio de sus administradores. Pero en las sociedades democráticas, los ciudadanos pueden respal­dar o rechazar la labor de un gobierno en las urnas.

Por eso, a la hora de tomar decisiones contro­ver­tidas, como la implan­ta­ción del tren de alta velo­cidad, la morato­ria nuclear o la incine­ración de los re­siduos hospi­talarios, por ejemplo, cuando hay que equilibrar los deseos y las posibilidades, los benefi­cios obte­ni­dos y las re­per­cusiones de tal deci­sión, la formación y la in­formación son ga­ran­tías de liber­tad. Un ciudadano de una so­cie­dad libre no puede estar desinformado. De lo contrario, las “ra­zones de estado“, la simple ideología o el tráfico de influencias se impo­nen a las razones de equilibrio, li­bertad de opción demo­crática y respeto al en­torno natural y cul­tu­ral.

Algunas decisiones tecnológicas de envergadura, adoptadas por las grandes corpora­ciones indus­triales, también comportan repercusio­nes y riesgos que afectan a muchas personas. Consideremos por ejemplo, la producción de gases refrigerantes, los cultivos transgénicos, la extensión de nuevas redes de antenas de comunicaciones o la inundación de un valle para proporcionar agua a una planta energética. No se trata sola­mente de los potenciales riesgos para la salud, que puede haberlos, se trata también del impac­to social y cultural incontrolado de estas decisiones.

Hasta ahora, la introduc­ción de nue­vas tecnologías se ha hecho libremente, sin contar con una eva­lua­ción previa de su posible impacto ambiental y cultural, de sus con­secuencias económicas. Las nuevas tecnologías tienen tal po­der de difusión y penetración y sus consecuencias son tan globales que de­berían ser evalua­das. También para ello se necesita un buen nivel de formación e información en los ciudadanos.